Las Órdenes Ejecutivas de Inmigración decretadas por el Presidente Trump generan cambios importantes. Aparte de la “prohibición de ingreso” (travel ban) ya mundialmente conocida, el Presidente Trump ha hecho otros cambios a la ley de inmigración. Dos ejemplos incluyen la detención masiva de personas capturadas en la frontera y la definición más amplia de “criminal”, que determina quién será deportado como “extranjero criminal” (criminal alien).
En particular, esta orden podrá impactar enormemente en la población indocumentada. El Presidente Trump también busca revisar de manera global todas las categorías de inmigración y dar por terminado el programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés). Esta última medida afectaría a aproximadamente 800,000 inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.
Detenciones en la Frontera y Definición Más Amplia de Quién es un “Criminal”
Mediante su orden ejecutiva, el Presidente Trump ha dejado atrás la política anterior de “capturar y liberar” (en inglés, catch and release). Ahora, los agentes de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) deben mantener detenido a cada inmigrante indocumentado capturado en la frontera. Por ese motivo, los agentes de CBP cuentan con solamente dos opciones: deportar inmediatamente o mantener detenido.
La detención masiva de extranjeros provocará varios problemas humanitarios y logísticos, dada la falta de recursos del gobierno federal. También crea un dilema humanitario porque las personas capturadas en la frontera o en el interior del país se mantienen encarceladas en instalaciones privadas, algunas severamente criticadas por sus condiciones deplorables.
Si bien el Presidente Trump no es el primero en anunciar su intención de deportar indocumentados, esta administración piensa agilizar el proceso mediante la expansión de la definición de “criminal” y su aplicación específica a la ley de inmigración.
Según Trump, ¿cuáles actos criminales provocan la deportación?
Primero, la orden ejecutiva de Trump crea una oficina en apoyo a las víctimas de delitos cometidos por extranjeros indocumentados, que también publica un informe acerca de dichos delitos.
Segundo, durante la administración del Presidente Obama, los agentes de ICE se enfocaban en los extranjeros condenados de un delito. En cambio, el Presidente Trump pone como prioridad la deportación de cualquier extranjero condenado o acusado de (o que haya cometido) actos que constituyan un delito penal imputable (chargeable criminal offense).
La orden ejecutiva de Trump modifica tan significativamente la definición de las prioridades de cumplimiento que ahora cubre a casi todo extranjero que viva indocumentado en los Estados Unidos. Contempla como “delito” todo “fraude o declaración engañosa intencional en relación con un asunto oficial,” lo que podría interpretarse para abarcar acciones comunes de inmigrantes indocumentados, tales como manejar un vehículo sin licencia.
Los nuevos memorandos de implementación divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) demuestran claramente que hoy en día, cualquier inmigrante indocumentado hoy corre el riesgo de ser detenido y deportado. La Oficina de Control de Inmigración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) ha declarado que “toda persona que incumpla las leyes de inmigración podrá ser arrestada y detenida y (si existe una orden final que así lo declara) expulsada de los Estados Unidos.” Este cambio representa un giro importante de la política de administraciones anteriores de deportar inmigrantes que hayan cometido actos delictivos. Ahora, hasta los inmigrantes indocumentados que respetan la ley y aportan a la sociedad podrán ser expulsados del país.
Tercero, la Administración de Trump está retomando el programa conocido en inglés como “Secure Communities” (Comunidades Seguras). Este proyecto, que la Administración de Obama había dado por concluido, sirve para identificar a inmigrantes indocumentados detenidos en las cárceles locales. Al cotejar listados de nombres con las bases de datos de inmigración, se ubica a personas indocumentadas posteriormente entregadas a los agentes de ICE para su deportación. Como resultado, un inmigrante que ahora se encuentra en el sistema judicial podrá convertirse en un “criminal” sujeto a la deportación, aún sin ser condenado de algún delito.
Expansión Masiva del Control Fronterizo y de los Programas de Deportación
El Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha establecido nuevas líneas directrices que manifiestan claramente la intención del Gobierno Federal de expandir en forma masiva el número de agentes de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). El Comisionado de dicha organización tiene el encargo de contratar a unos 5,000 Agentes de la Patrulla Fronteriza y 500 Agentes y Oficiales de Operaciones Aéreas y Marítimas. Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ampliará el número de centros de detención para albergar a miles de personas afectados por estos cambios.
Asimismo, el Sr. Kelly ha ordenado a DHS y CBP celebrar acuerdos en virtud del Artículo 287(g) de la Ley Nacional de Inmigración (INA, por sus siglas en inglés) con cuerpos de policía locales, lo que significa que estos participarán en el arresto y la expulsión de extranjeros. Donde existen acuerdos en base al Artículo 287(g), se presenta el riesgo de discriminación policial por motivos de raza o idioma. Según el Houston Chronicle, los acuerdos en base al Artículo 287(g) no son nuevos y ya están vigentes en 38 zonas.
La Administración de Trump también ha expandido el uso del proceso de la “expulsión expedita” (expedited removal), que permite al Departamento de Seguridad Nacional expulsar del país a un extranjero sin audiencia u otras garantías constitucionales. Antes, la expulsión expedita se utilizaba solamente para inmigrantes arrestados a una distancia de 100 millas de la frontera y con 14 días o menos en el país. Según las órdenes ejecutivas del Presidente Trump, se expandirá la expulsión expedita para cubrir a cualquier extranjero presente en el país durante menos de dos años.
Para reducir aún más las entradas no autorizadas, el Departamento de Seguridad Nacional intentará procesar o deportar a los padres de niños introducidos clandestinamente al país. Si bien ICE continuará reasentando (en lugar de deportar) a los niños extranjeros no acompañados, ahora pretenderá iniciar acciones judiciales o de deportación contra los padres de dichos niños por los delitos de contrabando o trata de personas.
Terminación de DACA y Establecimiento de Límites en la Inmigración Legal y en las Visas de Empleo
Dos programas implementados por la Administración del Presidente Obama, DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que permite no procesar a las personas que llegaron a los Estados Unidos como niños) y DAPA (Acción Diferida en Beneficio de los Padres, que permite no procesar a los padres de ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos) serán terminados por orden del Presidente Trump.
El objetivo de DACA y DAPA era ofrecer beneficios a ciertos inmigrantes indocumentados, tales como la autorización de empleo, el acceso al Fondo de Fideicomiso del Seguro Social, el Crédito Fiscal por los Ingresos Ganados y la no deportación durante períodos de dos años.
El programa DACA se anunció en el 2012 y está vigente desde entonces. Si bien la Orden Ejecutiva de Trump mantiene en vigor los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) emitidos a los solicitantes de DACA durante la Administración de Obama, ya no se otorgarán estos documentos en el futuro. Por lo tanto, los inmigrantes indocumentados que califiquen para DACA tampoco podrán renovar sus autorizaciones de empleo o recibir un permiso de viaje (advance parole) y no podrán regresar, si abandonan el país.
A diferencia de DACA, el programa DAPA nunca se llegó a implementar. Después de su creación por el Presidente Obama en noviembre de 2014, varios estados presentaron demandas para impedir su entrada en vigor. Al final, el gobierno no pudo llevarlo a cabo por causa de un interdicto judicial. Terminado el programa DAPA, es casi inevitable que también cesen los futuros litigios relacionados a la constitucionalidad del mismo.
Además de poner fin a los programas DACA y DAPA, el Presidente Trump también piensa combatir el empleo ilícito de los extranjeros y establecer como prioridad “los intereses de los trabajadores norteamericanos”. Según el Presidente Trump, se deberán limitar los programas de visas que perjudiquen el “interés nacional” y reduzcan los trabajos y salarios de los trabajadores estadounidenses.
Para este fin, DHS ha recibido el encargo de revisar todos los reglamentos que permitan a los extranjeros trabajar en los Estados Unidos y determinar si algún reglamento viola las leyes de inmigración o daña el interés nacional. Dicha Orden también restringe el uso del Parole (Autorización Temporal) y elimina todas las políticas, orientaciones y programas que no protejan a los trabajadores estadounidenses o convengan a la nación.
La Orden también obliga a los Secretarios proponer reglamentos que restablezcan la integridad de los programas de trabajadores no inmigrantes en base al empleo y agilicen el proceso de otorgar visas H-1B. Esta petición es amplia, pero algo indefinida. Además, el Secretario de Trabajo investigará el daño causado por los trabajadores extranjeros a sus homólogos estadounidenses y publicará un informe dentro de 18 meses. Aparte de eso, el Secretario entregará un informe en un lapso de nueve (9) meses con una descripción del daño posible o real sufrido por los trabajadores estadounidenses a causa de los trabajadores titulares de visas H-1B, L-1 y B-1.
Aún antes de la Orden Ejecutiva, USCIS tenía en existencia una Unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional encargada de verificar el cumplimiento con los términos de las peticiones de visas de trabajo. El proceso de solicitar una visa H-1B ya requería notificar a todos los empleados en un lugar de empleo con trabajadores H-1B acerca de los procesos para denunciar al Departamento de Trabajo violaciones de la ley en relación con salarios y horas. (Este requisito todavía no existe para las visas B-1 y L-1.)
ICE siempre ha podido revisar la documentación de los empleadores para hacer cumplir y verificar su empleo. Es decir, ICE podía auditar e inspeccionar los registros de los empleadores para determinar si dan empleo a trabajadores indocumentados. Aún no resulta evidente cuáles mecanismos se utilizarán para identificar los daños posibles o reales a los trabajadores estadounidenses (y en qué consiste un daño posible o real).
Riesgos en Aumento para Personas Indocumentadas
En resumen, estas órdenes ejecutivas buscan ampliar el rango de personas que se consideran prioridad para ejecutar las políticas de inmigración, extender las circunstancias utilizadas por CBP para la expulsión expedita, dar por terminados los programas DACA y DAPA y realizar un mayor escrutinio de los empleadores que dan trabajo a personas con visas de empleo. Dicho eso, cualquier persona sin estado migratorio en los Estados Unidos siempre ha corrido el riesgo de ser deportada.
Si bien estas órdenes aumentan las acciones de cumplimiento, dejan indefinida su forma de implementación. Tampoco se establece cómo se pagarán las instalaciones y el personal necesarios. Aparte del enfoque en las personas indocumentadas, estas acciones ejecutivas ponen en manifiesto la hostilidad de la Administración Trump (incluso hacia la inmigración legal), que se refleja en un control más intenso de las visas de empleo.
La Oficina Legal de Kathryn N. Karam PC seguirá monitoreando las nuevas políticas de la Administración Trump y publicará blogs con información actualizada, una vez recibida. Para leer el próximo blog en su correo, haga clic en “Subscribe” arriba en esta página. Además, si desea programar una consulta con nuestra oficina, oprima el siguiente botón:
